\u00bfEn qu\u00e9 casos se aplica y en cu\u00e1les no?<\/p>\n
La denominada Ley de Suspensi\u00f3n de la Insolvencia por la COVID-19 (COVInsAG) entr\u00f3 en vigor con car\u00e1cter retroactivo a partir del 1 de marzo de 2020 y, bajo determinadas condiciones, suspende la obligaci\u00f3n de los administradores o miembros del consejo de administraci\u00f3n de solicitar la declaraci\u00f3n de insolvencia. Asimismo, como medida complementaria, limita la responsabilidad de los \u00f3rganos sociales en los casos de insolvencia provocados por la pandemia de la COVID-19.<\/p>\n
La suspensi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de solicitar la declaraci\u00f3n de insolvencia se aplica inicialmente hasta el 30 de septiembre de 2020 y, en caso necesario, podr\u00e1 prorrogarse mediante un acto normativo sin el consentimiento del Bundesrat hasta el 31 de marzo de 2021 como muy tarde. Esto a\u00fan est\u00e1 por ver (a fecha de abril de 2020).<\/p>\n
Requisitos para la suspensi\u00f3n:
\nLa suspensi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de solicitar la declaraci\u00f3n de insolvencia no se aplica si la situaci\u00f3n de insolvencia no se debe a las consecuencias de la propagaci\u00f3n de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 \/ Covid-19, o si no hay perspectivas de subsanar la incapacidad de pago existente. Si la empresa no se encontraba ya en situaci\u00f3n de insolvencia a 31 de diciembre de 2019, la ley presume, a su favor, que la situaci\u00f3n de insolvencia se debe a los efectos de la pandemia de Covid-19 y que existen perspectivas de que la empresa pueda superar la incapacidad de pago existente.<\/p>\n
En la pr\u00e1ctica de la gesti\u00f3n de una empresa en crisis, determinar si ya exist\u00eda una situaci\u00f3n de insolvencia a 31 de diciembre de 2019 implica que el director general o el consejo de administraci\u00f3n deben examinar esta cuesti\u00f3n con especial atenci\u00f3n. Hasta el 31 de diciembre de 2019, siguen siendo de aplicaci\u00f3n los principios establecidos por el Tribunal Federal de Justicia en su jurisprudencia consolidada para evaluar la existencia de la incapacidad de pago.<\/p>\n
La pr\u00e1ctica tambi\u00e9n demuestra que los directores generales y los miembros del consejo de administraci\u00f3n suelen interpretar los criterios de incapacidad de pago o sobreendeudamiento de forma generosa a su propio favor, pero de manera simplemente err\u00f3nea. Esto da lugar con frecuencia a la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas y, por lo tanto, a la responsabilidad personal del director general o del miembro del consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como a numerosas acciones de anulaci\u00f3n que el administrador concursal puede, a menudo, derivar posteriormente directamente del balance.
\nSi el director general o el consejo de administraci\u00f3n de una empresa en crisis no se limita a querer facilitar la labor posterior del administrador concursal, sino que, por el contrario, desea guiar a la empresa con \u00e9xito a trav\u00e9s de la crisis del coronavirus, es necesario realizar una evaluaci\u00f3n cr\u00edtica desde el punto de vista del Derecho concursal y determinar la situaci\u00f3n de la empresa. Para ello, el director general o el consejo de administraci\u00f3n no deben dudar en buscar asesoramiento profesional.<\/p>\n
El sobreendeudamiento existente antes del 31 de diciembre de 2019 no supone ning\u00fan problema<\/p>\n
Si antes del 31 de diciembre de 2019 solo exist\u00eda un sobreendeudamiento, pero no tambi\u00e9n la incapacidad de pago, la clara redacci\u00f3n de la secci\u00f3n 1, frase 3, de la COVInsAG da lugar a la presunci\u00f3n legal de que el vencimiento de la insolvencia se basa en los efectos de la pandemia del coronavirus. Desde un punto de vista t\u00e9cnico, esto resulta sorprendente, ya que si la empresa ya se encontraba sobreendeudada antes del 31 de diciembre de 2019, es hist\u00f3ricamente imposible que el momento de la insolvencia se base en una pandemia que se produjo, como muy pronto, en enero de 2020. No obstante, esto pone de manifiesto un juicio de valor legislativo: al parecer, el sobreendeudamiento es irrelevante a este respecto, aunque siga siendo, sin cambios, un motivo para la apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo al art\u00edculo 19 de la InsO. La tendencia es a la baja: ya durante la crisis de los mercados financieros de 2008, la valoraci\u00f3n del sobreendeudamiento por parte del legislador cambi\u00f3 de forma fundamental. Mediante el art\u00edculo 5 de la FMStG, la disposici\u00f3n no solo se suaviz\u00f3 con la introducci\u00f3n de la previsi\u00f3n de continuidad de la empresa, sino que se modific\u00f3 de forma sustancial. No obstante, los administradores concursales y la evoluci\u00f3n de la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia siguen haciendo hincapi\u00e9 en la importancia del sobreendeudamiento. En el caso de los administradores concursales, este inter\u00e9s es comprensible, mientras que el Tribunal Federal de Justicia, como m\u00e1ximo garante de la protecci\u00f3n de los acreedores, se limita a aplicar de forma coherente lo que sigue estableciendo el C\u00f3digo de Insolvencia. Aunque el alejamiento del legislador respecto al sobreendeudamiento como causa para la apertura de un procedimiento contin\u00faa con la COVInsAG, nuestra experiencia en litigios demuestra que los tribunales siguen, en general, aferr\u00e1ndose firmemente a la importancia del sobreendeudamiento. <\/p>\n
La perspectiva de eliminar la incapacidad de pago es la nueva previsi\u00f3n superel\u00e1stica y positiva sobre la continuidad de la empresa.
\nSi la empresa no se encontraba en situaci\u00f3n de insolvencia a 31 de diciembre de 2019, la nueva redacci\u00f3n de la ley da por sentado, de forma autom\u00e1tica y pr\u00e1cticamente irrefutable, que existen perspectivas de reestructuraci\u00f3n. Esto da lugar a algo que nunca antes hab\u00eda existido en la legislaci\u00f3n sobre sobreendeudamiento: la solvencia a 31 de diciembre de 2019 da lugar, en cualquier fecha de evaluaci\u00f3n posterior \u2014potencialmente a\u00fan en septiembre de 2020 o incluso en marzo de 2021\u2014, a una conclusi\u00f3n afirmativa de una previsi\u00f3n positiva de continuidad de la empresa. Se trata, sin duda, de un aut\u00e9ntico regalo, ya que el Tribunal Federal de Justicia hab\u00eda vinculado anteriormente la existencia de una previsi\u00f3n positiva de continuidad de la empresa en casos de sobreendeudamiento a criterios muy espec\u00edficos e interpretados de forma restrictiva, como una probabilidad predominante de \u00e9xito desde la perspectiva de un gestor prudente, un plan coherente de reestructuraci\u00f3n y liquidez a medio plazo, un estrecho seguimiento financiero semanal, y requisitos similares. Este marco estricto, que se aplicaba desde 2008, ha quedado ahora en suspenso por el momento.<\/p>\n
Ahora basta con que existan perspectivas de superar la incapacidad de pago actual, sin ning\u00fan requisito temporal. La suspensi\u00f3n solo se aplica cuando no existen tales perspectivas. Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2020, o \u2014si se prorroga la ley, como es de esperar\u2014 a partir del 1 de abril de 2021, la nueva legislaci\u00f3n vuelve a imponer la obligaci\u00f3n de declararse en quiebra incluso a las empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia si la incapacidad de pago persiste en ese momento. <\/p>\n
Al menos, dado que en la pr\u00e1ctica judicial de los procedimientos de responsabilidad el riesgo de evaluar err\u00f3neamente la probabilidad de recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de la empresa afectada es bastante elevado \u2014y el director general o el miembro del consejo de administraci\u00f3n asume toda la carga de la alegaci\u00f3n y la prueba a este respecto, por ejemplo, al solicitar la exoneraci\u00f3n\u2014, el legislador pretende, al menos temporalmente, eximir generosamente al director general o al miembro del consejo de administraci\u00f3n del riesgo de tal error de apreciaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
When Does It Apply and When Does It Not? The so-called Covid-19 Insolvency Suspension Act (COVInsAG) entered into force retroactively as of 1 March 2020 and, subject to certain conditions, suspends the obligation of managing directors or board members to file for insolvency. It also limits, as an accompanying measure, the liability of corporate bodies […]<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":55381,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[139],"tags":[],"class_list":["post-55380","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-en"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t