Asesoramos a un inversor alemán del sector fotovoltaico en un litigio contra un Estado miembro de la UE tras la cancelación de un proyecto de energía solar previamente aprobado, a raíz de un cambio en la política energética nacional que apostaba por la energía nuclear. El asunto se regía por el Tratado de la Carta de la Energía y se tramitó con arreglo al reglamento de la SCC, siendo Estocolmo la sede del arbitraje.
El caso requirió una gestión estratégica de las negociaciones previas al arbitraje con las autoridades gubernamentales, incluidas múltiples rondas de conversaciones a nivel ministerial. La complejidad se derivó, en particular, de la necesidad de demostrar la mala fe y la irracionalidad en las negociaciones (culpa in contrahendo) con el fin de fundamentar las posibles reclamaciones derivadas del cambio de política.
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