Las nuevas normas de aplicación de Arabia Saudí: lo que deben saber las empresas internacionales

El cobro de una deuda —o la respuesta a una orden de ejecución— en Arabia Saudí exige ahora prestar especial atención a los plazos tan ajustados. Publicado el 23 de octubre de 2026 en virtud de la Decisión n.º 617 del Ministro de Justicia, el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley de Ejecución aclara la divulgación de activos, los procedimientos de embargo y las garantías para las empresas. Según informa Saudi Gazette, el reglamento entró en vigor junto con la Ley el 29 de octubre de 2026.

Cinco días laborables para declarar el patrimonio

Los deudores deben comunicar sus activos en un plazo de cinco días laborables a partir de la notificación de una orden de ejecución. Esta obligación se extiende a los activos no registrados, a los activos situados fuera de Arabia Saudí y a los activos en poder de terceros. Por lo tanto, para las empresas con operaciones internacionales, es especialmente importante disponer de registros fiables de sus activos.

Órdenes de embargo: obligaciones para terceros

Los bancos, los proveedores de servicios de pago y otras entidades que tengan en su poder activos de los deudores deben contar con procedimientos para gestionar los embargos concurrentes. Cuando se notifique una orden de embargo posterior, el titular deberá informar a la autoridad emisora del embargo anterior en un plazo de tres días hábiles. Las obligaciones de notificación correspondientes también se aplican cuando un embargo se modifica o caduca.

Garantías de la empresa y límites a las multas

La ejecución contra una empresa privada comienza por los activos cuyo embargo no paralice su actividad. La obstrucción de la ejecución por parte de un directivo debe demostrarse mediante su propia acción u omisión dentro del ámbito de sus competencias; el mero incumplimiento por parte de la empresa no es suficiente. El importe total de las multas impuestas a un deudor no puede superar el importe de la deuda, mientras que las multas por negarse a la ejecución directa tienen un límite máximo de 500 000 SAR en total.

¿Qué aspectos deben revisar las empresas?

Por lo general, las notificaciones se tramitan a través de los sistemas electrónicos del Ministerio de Justicia, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito. Las empresas deben revisar cómo supervisan las notificaciones, tramitan las órdenes de ejecución y recaban información sobre los activos. Los acreedores también deben tener en cuenta estos requisitos de procedimiento a la hora de planificar el cobro.

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