El Gobierno húngaro ha anunciado sus planes de introducir un impuesto sobre el patrimonio a partir del 1 de enero de 2027. Según el esbozo publicado, la parte del patrimonio neto que supere los 1 000 millones de HUF podría gravarse anualmente a un tipo del 1%, mientras que se ha anunciado un tipo del 1,5% para el patrimonio superior a 100 000 millones de HUF. El ámbito de aplicación podría incluir bienes inmuebles, inversiones, participaciones en sociedades y activos mantenidos en el extranjero.
Para los empresarios transfronterizos, la determinación correcta de la residencia fiscal será el punto de partida fundamental. El registro o la ubicación de los activos individuales por sí solos pueden no ser decisivos. La residencia debe evaluarse con arreglo a la normativa nacional aplicable y a los convenios de doble imposición pertinentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas reales de la persona.
Solo tras analizar la residencia fiscal se podrá evaluar el alcance potencial de un futuro impuesto sobre el patrimonio en Hungría. La valoración y la asignación de activos pueden resultar especialmente complejas en el caso de las empresas alemanas y húngaras, las empresas familiares, las estructuras de sociedades de cartera, las carteras inmobiliarias y los préstamos a accionistas.
NZP NAGY LEGAL asesora a empresas, accionistas y clientes particulares alemanes y húngaros en cuestiones de derecho fiscal transfronterizo. Nuestros abogados llevan a cabo investigaciones exhaustivas en materia de derecho fiscal, elaboran posiciones jurídicas estructuradas y representan habitualmente a los clientes ante los tribunales fiscales húngaros y alemanes. Esta experiencia en litigios nos permite identificar posibles conflictos en una fase temprana, incluyendo cuestiones relacionadas con la residencia, la asignación de activos, la valoración y la documentación justificativa.
Hasta que se publique la legislación definitiva, las conclusiones concretas siguen siendo limitadas. No obstante, las empresas y los accionistas pueden revisar los datos sobre la residencia, los registros de propiedad, las estructuras societarias y los documentos de valoración para prepararse para la nueva normativa.