El impuesto sobre el patrimonio y el traslado al extranjero: cómo prepararse para la nueva normativa sobre el impuesto sobre el patrimonio propuesta en Hungría

Una gran fortuna personal no implica necesariamente disponer de fondos de forma inmediata. Por lo tanto, el nuevo impuesto sobre el patrimonio propuesto por Hungría plantea cuestiones importantes para aquellas personas cuyos activos se encuentran en empresas, inmuebles o inversiones. Trasladarse al extranjero no eliminaría, por sí solo, las obligaciones fiscales en Hungría.

¿En qué consiste la nueva propuesta de impuesto sobre el patrimonio?

Según el proyecto de ley tal y como se ha presentado, la base imponible sería la parte del patrimonio valorado que supere los 1 000 millones de HUF, una vez deducidos los pasivos admisibles. Los primeros 100 000 millones de HUF de dicha base imponible se gravarían al 1%, y el excedente, al 1,5%. La obligación fiscal inicial se calcularía tomando como referencia los activos y pasivos a 31 de diciembre de 2026; la fecha límite propuesta para la presentación de la declaración y el pago es el 31 de agosto de 2027.

Los detalles podrían determinar la carga fiscal real

El valor de las participaciones en las empresas no tiene por qué coincidir necesariamente con su valor contable. La capacidad de generación de beneficios de una empresa, la suma de las participaciones de los miembros de la familia y la existencia de exenciones fiscales también podrían ser factores relevantes. Por lo tanto, una documentación adecuada de los bienes inmuebles, las inversiones y los pasivos asociados podría resultar crucial a la hora de determinar la base imponible.

Una dirección en el extranjero no sustituye a una evaluación completa

La residencia fiscal no depende únicamente del número de días pasados en el extranjero: también influyen las circunstancias reales de residencia, los vínculos familiares y económicos, así como el convenio fiscal aplicable. Según los planes de impuesto de salida descritos, un cambio de residencia fiscal también podría dar lugar a la tributación de las plusvalías no realizadas sobre determinados activos financieros. Por lo tanto, la disponibilidad y las condiciones de cualquier aplazamiento del pago requerirían un análisis por separado.

 

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