El año pasado, en 2013, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (NDRC) y las autoridades locales encargadas de la fijación de precios de las provincias afectadas, Sichuan y Guizhou, impusieron multas inusualmente elevadas, en un plazo muy breve, a dos de las empresas estatales más conocidas, los productores de bebidas alcohólicas Maotai y Wuliangye, por un importe total aproximado de 54 millones de euros. Según las conclusiones de las autoridades, ambas empresas fijaron precios mínimos de reventa y sancionaron a los distribuidores que no cumplían dichos precios mínimos, incurriendo así en una fijación vertical de precios frente a los revendedores, lo que se conoce comúnmente como ’mantenimiento de los precios de reventa». Las autoridades basaron su actuación en la conclusión de que los acuerdos entre las dos empresas y sus revendedores constituían una infracción del artículo 14, apartado 1, de la Ley Antimonopolio china.
Esta medida tan estricta contra dos de las empresas estatales más conocidas pone de relieve la evolución gradual que está experimentando la legislación china en materia de competencia. Aunque hasta ahora las intervenciones a raíz de denuncias presentadas por otros participantes en el mercado habían sido poco frecuentes, la respuesta actual de las autoridades indica, no obstante, que China está avanzando hacia una mayor protección de la competencia.
Queda por ver si, en el futuro, las autoridades económicas chinas prestarán efectivamente mayor atención a la equidad del mercado, y si la intervención descrita anteriormente no fue simplemente el resultado de disputas políticas locales dentro del partido.
En cualquier caso, las empresas deberían tener en cuenta el cambio de rumbo que se está produciendo en la gestión económica china en este ámbito a la hora de redactar contratos con los distribuidores locales.
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