El proyecto de ley de protección de las pequeñas empresas, conocido oficialmente como «Proyecto de ley de pagos comerciales», se presentó en la Cámara de los Lores el 19 de mayo de 2026, lo que supone, según ha descrito el Gobierno, la intervención legislativa más significativa en materia de retrasos en los pagos en toda una generación. Anunciado por primera vez en marzo y confirmado en el discurso del Rey, el proyecto de ley supone la medida más estricta contra la morosidad en más de veinticinco años, al imponer a las grandes empresas la obligación clara y exigible de pagar a tiempo a los proveedores más pequeños.
La magnitud del problema que la legislación pretende abordar es considerable. Se calcula que los retrasos en los pagos son la causa de 38 cierres de empresas cada día (lo que equivale a más de mil al mes), lo que obliga a los empresarios a dedicar horas a reclamar facturas en lugar de gestionar sus negocios, poniendo así en peligro los puestos de trabajo y los medios de vida.
Lo que propone el proyecto de ley
El proyecto de ley introduce cuatro reformas principales. En primer lugar, un límite máximo de 60 días en los plazos de pago para las grandes empresas que pagan a proveedores más pequeños. En segundo lugar, la aplicación de intereses obligatorios en caso de retrasos en los pagos. En tercer lugar, nuevas competencias de ejecución para el Comisionado de la Pequeña Empresa, incluida la capacidad de investigar prácticas de pago inadecuadas, resolver litigios e imponer sanciones económicas a los infractores reincidentes. En cuarto lugar, la prohibición de la práctica de retener los pagos de retención en los contratos de construcción.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se exigirá a los consejos de administración o a los comités de auditoría de las grandes empresas con un historial de retrasos persistentes en los pagos que informen públicamente sobre su deficiente comportamiento en materia de pagos y sobre las medidas que se estén adoptando para subsanarlo.
¿Qué pasará después?
El proyecto de ley deberá superar todas las fases parlamentarias antes de convertirse en ley. El Gobierno ha indicado que ha tratado de encontrar un equilibrio entre una mayor protección para los proveedores más pequeños y las preocupaciones planteadas por las grandes empresas durante el proceso de consulta, entre otras cosas mediante exenciones limitadas a los plazos máximos de pago. Los detalles de dichas exenciones, así como el alcance exacto de las nuevas facultades sancionadoras del Comisionado, serán aspectos que habrá que seguir de cerca a medida que avance el proyecto de ley.
Consideraciones para las empresas
Las empresas que operan en las cadenas de suministro, ya sean grandes empresas sujetas a las nuevas obligaciones o proveedores más pequeños que deseen beneficiarse de ellas, deberían empezar a revisar desde ya sus condiciones de pago y acuerdos contractuales actuales. Seguiremos de cerca la evolución del proyecto de ley y publicaremos más comentarios a medida que se vaya aclarando el panorama legislativo.
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