Los propietarios de terrenos en Hungría que sean parte en “contratos ficticios” se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión y a la expropiación. ¿Hay alguna solución?

Hasta finales de abril de 2014, a los ciudadanos de la UE también se les prohibía, por regla general, adquirir terrenos cultivables en Hungría, debido a una excepción temporal prevista en la legislación de la UE. Por este motivo, los compradores extranjeros —en su mayoría austriacos— solían celebrar los denominados “contratos de bolsillo” con vendedores húngaros. En la mayoría de los casos, las partes firmaban un contrato de compraventa sin fecha y lo depositaban en manos de un abogado de su confianza, con la esperanza de que, una vez expirada la moratoria sobre los terrenos, el abogado se encargara de inscribir al nuevo propietario en el registro de la propiedad. Al mismo tiempo, como forma de seguridad jurídica, en el pasado solían acordarse derechos de usufructo o de uso, ya fuera de por vida o por un período de 20 años, y se inscribía una hipoteca —a menudo ficticia— sobre el terreno cultivable a favor del comprador extranjero.

La nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el 1 de mayo de 2014, tenía por objeto —según los considerandos de la propia ley— garantizar el trato nacional a los nacionales de la UE, de modo que todos los ciudadanos de la UE pudieran disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos húngaros. Sin embargo, esto solo se logró en parte. Mediante una ley especial de aplicación sobre “determinadas disposiciones conexas y normas transitorias” relativas a la nueva Ley del Suelo, el Gobierno húngaro no solo creó una discriminación de facto contra los ciudadanos de la UE, sino que también declaró la guerra a las partes de contratos anteriores y a quienes los redactaron, normalmente abogados y notarios. A partir de 2014, estos podrían enfrentarse no solo a una expropiación sin indemnización, sino también a penas de prisión de hasta cinco años.

Por lo tanto, cualquier persona que haya tenido, o siga teniendo, intereses en tierras de cultivo en Hungría debe ser consciente de los siguientes riesgos:
1. Nacionalización sin indemnización
Una ley aprobada en 2014 sobre la “divulgación y prevención” de la elusión de la Ley del Suelo exige a todas las autoridades estatales que informen de oficio a la Fiscalía si existe alguna sospecha de posible elusión de la anterior Ley del Suelo. Los antiguos propietarios húngaros también pueden informar a la Fiscalía, incluso cuando no estén satisfechos con la situación actual o, por cualquier motivo, deseen perjudicar al poseedor extranjero.
Sin embargo, en ambos casos, la Fiscalía debe interponer una demanda para que se declare la nulidad de los actos jurídicos y se solicite la transferencia de todas las parcelas afectadas al Estado sin indemnización alguna.

2. Acuerdos contractuales anteriores anulados por ley y exclusión por ley del acceso a los tribunales para los extranjeros
Las disposiciones finales de la denominada “Ley de Aplicación” contienen una cláusula oculta que declara «inaplicables» todas las disposiciones contractuales anteriores relativas a las tierras de cultivo húngaras que estén supeditadas a la finalización de la moratoria sobre las tierras —incluso cuando, por lo demás, no sean inválidas—. Si las partes habían previsto que el contrato entrara en vigor en una fecha posterior, la ley establece que esto nunca ocurrirá. Lo mismo se aplica a las garantías reales contractuales, como las hipotecas, los derechos de usufructo o los derechos de uso, que también deben cancelarse a instancia de la Fiscalía.

Cabría esperar que, tras dicha expropiación o rescisión, al menos se pudiera recuperar el precio de compra ya abonado al vendedor húngaro. Sin embargo, la legislación húngara también ha disipado esas esperanzas: la nueva Ley de Aplicación excluye asimismo el acceso a los tribunales para la recuperación de las cantidades ya abonadas. Como consecuencia, la parte afectada pierde no solo el terreno, que pasa a manos del Estado sin indemnización, sino también la inversión previa.

3. Cinco años de prisión por contratos ficticios
Además de la privación sustantiva de derechos descrita anteriormente, con efecto retroactivo, el legislador húngaro también ha tratado de garantizar que no pueda producirse en el futuro ninguna “elusión” de la legislación, que ahora se supone que cumple con la normativa de la UE. Todas las personas implicadas en dicha “elusión” —incluidos los abogados y notarios que redacten los contratos— pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años. Por lo tanto, si una parte perjudicada se planteara hacer caso omiso de la ley y esperara obtener una reparación jurídica satisfactoria, ya sea a nivel nacional o de la UE, su situación se vería considerablemente empeorada por la amenaza de una posible pena de prisión.

4. Discriminación de facto contra los ciudadanos de la UE
Aunque se pudiera argumentar que los antiguos “especuladores” merecían ser privados de sus derechos, la legislación vigente de la UE exige a Hungría, a partir del 1 de mayo de 2014, que conceda un trato nacional incondicional a todos los ciudadanos de la UE. A primera vista, cabría suponer que la nueva Ley del Suelo cumple este requisito debido a su norma neutral según la cual solo los “agricultores” pueden adquirir terrenos, ya que el término “agricultores” incluye tanto a los ciudadanos húngaros como a los de otros países de la UE. Sin embargo, un análisis más detallado de la definición de “agricultor” revela que exige haber cursado una formación profesional agrícola húngara o haber ejercido una actividad agrícola en Hungría durante al menos tres años. Aunque la formación profesional también pueda haberse obtenido en otro Estado miembro, la autoridad húngara competente decide, basándose en criterios que siguen siendo desconocidos, si es equivalente a la cualificación húngara exigida. Tampoco existe ninguna excepción a la norma de que la actividad agrícola pertinente debe haberse llevado a cabo en Hungría, incluso cuando la persona en cuestión haya trabajado de hecho como agricultor en otro lugar de la UE durante varios años.

¿De qué opciones legales disponen los propietarios o los posibles compradores?
a) Anulación por parte del Tribunal Constitucional por violación de los derechos fundamentales
El artículo XIII, apartado 2, de la Ley Fundamental de Hungría establece —al igual que la mayoría de las constituciones europeas— que la expropiación solo es admisible con carácter excepcional, en interés público, en los casos y en la forma que determine la ley, y siempre que se conceda una indemnización íntegra, incondicional e inmediata. Es evidente que este no es el caso cuando la nacionalización se lleva a cabo sin indemnización.

Además, la Ley húngara sobre el proceso legislativo establece que las disposiciones legales posteriores no pueden declarar ilegales los actos jurídicos o las relaciones jurídicas anteriores, ni pueden excluir o restringir los derechos que ya hayan surgido. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurre mediante la exclusión arbitraria del acceso a los tribunales y la anulación de derechos contractuales anteriores.

Al igual que en Alemania, la legislación húngara también prevé la posibilidad de presentar un recurso de amparo por vulneración de los derechos fundamentales, así como la posibilidad de que el Tribunal Constitucional examine la constitucionalidad de la legislación en el marco de un procedimiento de control de constitucionalidad. Dicha revisión también puede ser ordenada por el juez que conoce del litigio, bien de oficio o a instancia de una de las partes, remitiendo el asunto directamente al Tribunal Constitucional. Además, una parte que considere que una resolución judicial ha vulnerado sus derechos, tras agotar todas las vías de recurso ordinarias, podrá dirigirse directamente al Tribunal Constitucional en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la motivación de la resolución del tribunal de última instancia, mediante un procedimiento de recurso de inconstitucionalidad.

En los presentes casos, hay perspectivas relativamente buenas de que dichas reclamaciones sean admisibles y estén bien fundadas.
b) Anulación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Independientemente de las “cruzadas” que el Gobierno húngaro haya anunciado contra los “especuladores”, toda la legislación húngara debe ajustarse a los requisitos del Derecho de la Unión Europea. En caso de conflicto, el Derecho de la Unión Europea prevalece claramente sobre las normas nacionales, por lo que incluso los tribunales de un Estado miembro pueden y deben hacer caso omiso de la legislación nacional.

Aunque la legislación de la UE permite ciertas restricciones a la libre circulación de los ciudadanos de la UE, dichas restricciones no pueden ser arbitrarias ni discriminatorias. Por lo tanto, si una persona afectada alega que el Estado húngaro ha restringido su libertad de circulación mediante una discriminación de facto, existe la posibilidad de someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En virtud del artículo 155/A del Código de Procedimiento Civil húngaro, el tribunal húngaro puede iniciar un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE, ya sea de oficio o a instancia de las partes mediante una solicitud motivada. En tal caso, el procedimiento ante el tribunal húngaro queda suspendido hasta que el TJUE dicte su resolución. No obstante, un procedimiento de decisión prejudicial siempre requiere la existencia de un procedimiento pendiente ante un tribunal húngaro. Este requisito también puede cumplirse cuando, tras una resolución desfavorable de las autoridades húngaras —en los presentes casos, la autoridad del Registro de la Propiedad—, se interponga un recurso administrativo contra dicha resolución, de modo que, en el posterior procedimiento contencioso-administrativo, un juez pueda decidir si solicita una resolución prejudicial al TJUE.

En este caso, no es necesario agotar todos los recursos nacionales, lo que significa que ya se puede solicitar una resolución prejudicial durante el procedimiento en primera instancia. Esto también permite que la decisión definitiva la adopte un órgano totalmente independiente del Gobierno húngaro y geográficamente alejado de él.