El Reglamento de la UE sobre las pruebas electrónicas sigue siendo incierto

El objetivo de las propuestas sobre pruebas electrónicas es lograr una mayor cooperación en materia de Derecho penal entre los Estados miembros de la UE. Sin embargo, sigue sin estar claro si este objetivo podrá alcanzarse. Medio año después de la presentación de la propuesta, las partes implicadas siguen discutiendo el diseño de lo que podría convertirse en un futuro reglamento de la UE. La propuesta, que se refiere a la obtención de pruebas a través de las fronteras nacionales, cobró impulso rápidamente en diciembre de 2018, pero posteriormente perdió apoyo debido a la postura del Consejo. Hasta siete Estados miembros, entre ellos Alemania, votaron entonces en contra del enfoque general acordado previamente por los ministros de Justicia de la UE. Katarina Barley, ministra federal de Justicia y Protección del Consumidor, justificó esta decisión afirmando que, si bien el objetivo era el correcto, de esta forma no se podía garantizar una protección integral de los derechos fundamentales. Para que Alemania dé su aprobación, sería importante el principio de los «cuatro ojos»: con el fin de evitar injerencias ilegales en los derechos fundamentales, el Estado miembro solicitante debe permitir que el Estado miembro ejecutor revise la orden correspondiente. Sin embargo, la posición actual del Consejo solo ofrece una posibilidad parcial para ello y otorga al Estado ejecutor facultades de revisión limitadas en casos restringidos. Estos debates sobre las normas del Estado de Derecho, así como las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ponen de manifiesto que la confianza mutua sigue teniendo límites incluso hoy en día y que, por lo tanto, solo cabe esperar avances lentos. Birgit Sippel (SPD), entre otros, también ha expresado dudas sobre la base de competencia prevista en el artículo 82 del TFUE. Cuestiona especialmente el valor añadido, ya que la orden de investigación europea ya había entrado en vigor en 2017. Además, un reglamento de este tipo conlleva el riesgo de privatizar el Derecho penal, ya que la evaluación de la legalidad de una orden de entrega se dejaría en manos de terceros.

Es probable que esto tenga también un impacto considerable en la protección de datos, y es posible que no se garantice suficientemente la capacidad de los particulares para recurrir a las vías legales. Por lo tanto, es más que dudoso que se alcance un acuerdo antes de las elecciones europeas de mayo, lo que significa que las pruebas electrónicas seguirán siendo un tema de debate también durante la próxima legislatura.