La aprobación pública de la guerra de agresión de Rusia podría dar lugar a responsabilidades penales en Alemania

Una sentencia reciente del Tribunal Regional Superior de Braunschweig confirma la existencia de un importante riesgo en materia de cumplimiento normativo y reputación para las personas y organizaciones que operan en Alemania: las declaraciones públicas en las que se apoya la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania pueden constituir un delito según la legislación alemana. La sentencia supone un avance notable en la intersección entre el derecho penal, la libertad de expresión, la comunicación pública y la responsabilidad jurídica internacional.

Conclusiones principales de la sentencia de Braunschweig

Según el comunicado de prensa del tribunal, el caso se originó a raíz de un comentario publicado en las redes sociales en 2022 en el que se apoyaba explícitamente a Vladímir Putin y se respaldaba la destrucción de supuestos elementos “fascistas” en el este de Ucrania. Los tribunales consideraron que dicha declaración constituía una aprobación pública de un delito tipificado en el artículo 140 del Código Penal alemán, en relación con las disposiciones pertinentes sobre agresión recogidas en el Derecho penal internacional alemán. La condena fue confirmada en apelación en lo esencial, aunque se redujo la multa.

Lo que confiere especial relevancia a la sentencia es el enfoque del tribunal respecto a los actos cometidos en el extranjero. El Tribunal Regional Superior de Braunschweig sostuvo que la aprobación pública puede seguir siendo punible en Alemania, incluso si el acto subyacente en sí mismo queda fuera del ámbito de aplicación territorial ordinario del Derecho penal alemán, siempre que la declaración sea susceptible de alterar la paz pública en Alemania. En otras palabras, el riesgo jurídico interno no reside únicamente en el delito internacional subyacente, sino también en la forma en que dicha conducta se justifica, legitima o ensalza públicamente en la esfera pública alemana.

Para las empresas, las instituciones públicas, las ONG y las empresas con actividad internacional, la decisión pone de relieve una cuestión más amplia: el riesgo jurídico se extiende cada vez más a las declaraciones en línea, a las comunicaciones internas que se hacen públicas y a los mensajes políticamente delicados relacionados con conflictos armados, sanciones o delitos internacionales. El caso refleja también una mayor disposición judicial en Alemania a examinar minuciosamente las expresiones que van más allá de la opinión y rayan en la aprobación de actos de violencia graves e ilegales.

Por qué esta decisión es importante para las empresas y los equipos de cumplimiento normativo

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, la sentencia reviste una gran relevancia para las organizaciones con operaciones transfronterizas, comunicaciones multilingües o personal expuesto a un discurso público con connotaciones políticas. Los marcos de cumplimiento normativo actuales deben tener en cuenta no solo las sanciones y los controles de exportación, sino también los riesgos reputacionales y penales derivados de las declaraciones públicas, los contenidos digitales y las comunicaciones relacionadas con situaciones de crisis. Para los bufetes de abogados que asesoran a clientes en sectores regulados o con exposición internacional, esta decisión pone de relieve la importancia de la revisión jurídica temprana, los protocolos de comunicación interna y la orientación estratégica en aquellos casos en que la libertad de expresión entra en conflicto con el orden público y el derecho penal internacional.

A medida que los tribunales alemanes siguen definiendo los límites entre la libertad de expresión y el apoyo a delitos internacionales con implicaciones penales, el asesoramiento jurídico oportuno cobra cada vez más importancia. Las empresas e instituciones deben asegurarse de que sus mensajes públicos, su actividad en las redes sociales y sus comunicaciones en situaciones de crisis se evalúen no solo desde el punto de vista de la reputación, sino también teniendo en cuenta los riesgos penales y de cumplimiento normativo.