A pesar de la conversión a forints impuesta por el Estado, el tribunal nacional debe examinar si el banco actuó de forma desleal al trasladar, en un contrato de préstamo en moneda extranjera, la totalidad del riesgo de tipo de cambio al consumidor.
Durante años, hemos subrayado que la práctica de los tribunales húngaros, inspirada en la Curia, en virtud de la cual fallaban repetidamente a favor de los bancos, era totalmente ilegal. Nuestra postura sobre esta cuestión puede consultarse en detalle en el artículo de Népszabadság. Desde que nuestro bufete comenzó a ocuparse de los casos de préstamos en moneda extranjera en Hungría, hemos logrado numerosos éxitos y hemos conseguido salvar las viviendas de muchas familias húngaras de la subasta forzosa. Hemos defendido sistemáticamente que las directrices de la Curia, que van en contra del sentido común, deben revisarse a nivel de la UE.
Esto es lo que ha ocurrido: la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en total consonancia con los argumentos que hemos esgrimido.
En este asunto, el Tribunal tuvo que examinar si los tribunales nacionales pueden invocar una excepción prevista en la Directiva de la UE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, según la cual el carácter abusivo de una cláusula contractual incorporada al contrato por aplicación de disposiciones legales no está, en principio, sujeto a revisión. El legislador húngaro —aunque de forma posterior— intentó, mediante ley, incorporar al contrato la conversión a forints, que resultaba favorable para los bancos y era arbitraria. La respuesta del Tribunal a ello fue un «no» rotundo.
Según el Tribunal, la intervención estatal posterior carece de eficacia, ya que —a pesar de la intención manifestada por la Curia— sí puede examinarse, no obstante, el carácter injusto de la asignación del riesgo de tipo de cambio. Quizás precisamente porque la Curia ha adoptado hasta ahora una postura totalmente contraria a esta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha proporcionado ahora orientaciones muy detalladas sobre los fundamentos en los que debe basarse este examen:
El requisito de una redacción “clara e inteligible” implica que la cláusula relativa al riesgo de tipo de cambio debe ser comprensible para el consumidor no solo desde el punto de vista formal y gramatical, sino también en lo que respecta a su contenido específico. En otras palabras, un consumidor medio debe ser capaz no solo de reconocer que la moneda nacional puede depreciarse frente a la moneda extranjera en la que está denominado el préstamo, sino también de evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, que dicha cláusula puede tener para sus obligaciones financieras.
En este contexto, la información sobre los riesgos también debe abordar —o debería haber abordado— el hecho de que la claridad y la inteligibilidad de las cláusulas contractuales deben evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias existentes en el momento de la celebración del contrato y relacionadas con dicha celebración, así como a todas las demás cláusulas del contrato, independientemente de que algunas de ellas hayan sido posteriormente declaradas abusivas, o se haya presumido que lo eran, por el legislador nacional y hayan sido declaradas nulas por ese motivo.
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