¿Qué ocurre cuando ya hay un proceso judicial en curso, se han presentado los argumentos y se espera la resolución judicial, y de repente se cambian las normas de la noche a la mañana? En Hungría, ahora tenemos una respuesta clara.

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La medida

Hace tres días, el Gobierno húngaro aprobó el Decreto del Gobierno n.º 15/2026, en el que se establece expresamente que sus disposiciones se aplican no solo a los casos futuros, sino también a los procedimientos judiciales ya en curso.

Esta breve sección fue la que hizo el trabajo más duro:

“Artículo 6 (1) Las disposiciones del presente decreto se aplicarán también a los procedimientos judiciales actualmente pendientes. (2) El tribunal dará por concluido cualquier procedimiento judicial pendiente relacionado con la contribución solidaria correspondiente a los años 2023-2025. Las costas procesales correrán a cargo del Estado.”

Y eso fue todo.

La “contribución solidaria” es un mecanismo de redistribución impuesto a nivel central [= impuesto] que transfiere importantes recursos de las ciudades económicamente más fuertes —a menudo gobernadas por la oposición— al presupuesto estatal.

El resultado

El Tribunal Regional de Budapest-Capital se encontraba tramitando un asunto pendiente entre el Ayuntamiento de Budapest y el Tesoro Público húngaro cuando se aprobó el nuevo decreto. Ante el repentino cambio en el marco jurídico, el tribunal concluyó que quizá ya no pudiera resolver el asunto en cuanto al fondo. En su lugar, el tribunal informó a las partes de que solicitaría un control de constitucionalidad y, en consecuencia, el procedimiento ha quedado suspendido.

Al hacerlo, el tribunal planteó explícitamente preocupaciones más amplias sobre:

• normativa con efecto retroactivo,
• seguridad jurídica,
• la separación de poderes, y
• los límites prácticos del control judicial cuando el poder ejecutivo interviene en el transcurso de un procedimiento.

¿Y ahora qué?

El caso pasa ahora al Tribunal Constitucional, que debe decidir en un plazo de 90 días si las disposiciones impugnadas son compatibles con las garantías constitucionales de la Constitución húngara. Al mismo tiempo, el tribunal también está valorando la posibilidad de iniciar un procedimiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de examinar si la „contribución de solidaridad” puede entrar en conflicto con el Derecho de la UE, en particular con la Carta Europea de la Autonomía Local.

El resultado de este procedimiento determinará si el litigio puede volver a los tribunales ordinarios para que se pronuncien sobre el fondo del asunto, o si la intervención legislativa seguirá impidiendo el control judicial.